El Gobierno puso una cláusula que limita la participación de empresas estatales extranjeras en el Belgrano Cargas.
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PRINCIPALPOLÍTICA
8/20/2026
El Gobierno nacional incorporó una condición particular al proceso de privatización del Belgrano Cargas que restringe la participación de empresas controladas directa o indirectamente por gobiernos extranjeros. La medida fue incluida en el pliego de licitación y es conocida como la “cláusula anti-China”, aunque el texto no menciona específicamente a ese país.
La disposición establece que no podrán presentarse compañías cuyo control esté en manos de Estados soberanos extranjeros, sus organismos públicos o empresas estatales. La prohibición también alcanza a estructuras societarias en las que el control estatal se ejerza de manera indirecta.
De esta manera, la medida funciona como un filtro previo para determinar qué empresas estarán habilitadas para competir por la concesión. Una compañía privada extranjera sí podrá participar, siempre que no esté bajo control de un gobierno.
El nombre de “cláusula anti-China” surge principalmente por el peso que tienen las empresas estatales chinas en proyectos de infraestructura y transporte a nivel internacional. Sin embargo, la restricción tiene un alcance más amplio y podría aplicarse a compañías vinculadas con cualquier Estado extranjero.
La misma condición ya había sido utilizada por la administración de Javier Milei en otros procesos considerados estratégicos, como la concesión de la Hidrovía y el proyecto de transporte eléctrico AMBA I. Ahora vuelve a incorporarse en la licitación del sistema ferroviario de cargas.
El proceso contempla la concesión durante 50 años de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. En conjunto, la red alcanza unos 7.594 kilómetros de vías y atraviesa 16 provincias. La infraestructura continuará siendo propiedad del Estado, mientras que los privados estarán a cargo de su operación, mantenimiento e inversiones.
El esquema también establece un sistema de acceso abierto, mediante el cual diferentes operadores podrán utilizar las vías a cambio del pago de un peaje. Los futuros concesionarios deberán comprometer inversiones para recuperar y mantener los corredores ferroviarios.
El Gobierno estima que el proceso podría generar inversiones por alrededor de US$1.000 millones. Además, determinados proyectos podrán acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), como parte de la estrategia oficial para atraer capital privado al sector.
Con esta licitación, el Ejecutivo busca modificar el esquema de operación del Belgrano Cargas y ampliar la participación privada en una red considerada clave para el traslado de la producción desde distintas regiones del país hacia los principales centros logísticos y portuarios.
El Gobierno puso una cláusula que limita la participación de empresas estatales extranjeras en el Belgrano Cargas.
La condición forma parte del proceso de privatización de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. Aunque no menciona directamente a China, impedirá que compañías controladas por gobiernos extranjeros compitan por la concesión.