Discapacidad: la presión de la Iglesia, las organizaciones y los gobernadores obligó al oficialismo a negociar.

La Cámara de Diputados otorgó media sanción a un proyecto para establecer un régimen permanente de atención a las personas con discapacidad. El resultado fue producto de varios días de negociaciones, en las que participaron organizaciones del sector, representantes de la Iglesia y legisladores vinculados a distintos gobernadores provinciales.

El Gobierno de Javier Milei debió introducir modificaciones en su propuesta original para reunir los votos necesarios. Entre los principales interlocutores se destacó el diputado misionero Oscar Herrera Ahuad, cuyo bloque Argentina Federal, integrado por nueve legisladores, tuvo un papel determinante para acercar posiciones con La Libertad Avanza.

La Iglesia también intervino en las conversaciones a través de la Comisión de Discapacidad de la Pastoral Social, encabezada por monseñor Dante Braida. Sus representantes mantuvieron reuniones con diputados de diferentes espacios políticos para expresar su preocupación por la situación del colectivo y reclamar medidas concretas que garanticen la continuidad de las prestaciones.

Uno de los ejes centrales del acuerdo fue el financiamiento del sistema. El texto establece que los recursos destinados a discapacidad deberán contar con partidas específicas del Ministerio de Salud y no podrán ser inferiores, en términos reales, a los del año anterior. Además, incorpora medidas para regularizar las deudas con los prestadores y actualizar los valores de las prestaciones.

La iniciativa también contempla la continuidad de la cobertura de Incluir Salud para titulares de pensiones por discapacidad e invalidez laboral, así como la posibilidad de compatibilizar las pensiones no contributivas con determinadas actividades laborales, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles.

Otro punto relevante es el establecimiento de un plazo de 160 días para que las personas cuyas pensiones sean observadas durante auditorías puedan presentar sus descargos antes de una eventual suspensión del beneficio.

El acuerdo permitió que el oficialismo consiguiera un respaldo amplio en la Cámara baja, aunque no eliminó las diferencias entre los distintos sectores políticos. Los diputados del Frente de Izquierda votaron en contra de la propuesta.

Ahora, el proyecto deberá ser tratado por el Senado. Al mismo tiempo, el debate por el Presupuesto 2027 será determinante para establecer cómo se garantizarán los recursos comprometidos y si las modificaciones acordadas se traducirán en respuestas concretas para las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores del sistema.

Discapacidad: la presión de la Iglesia, las organizaciones y los gobernadores obligó al oficialismo a negociar.

La presión de la Iglesia, las organizaciones vinculadas a la discapacidad y los gobernadores provinciales fue clave para destrabar las negociaciones en Diputados. El oficialismo debió ceder en algunos puntos para reunir los votos y avanzar con un proyecto que ahora deberá ser tratado por el Senado.