El Gobierno llevará a la Justicia la pelea por el financiamiento universitario.

El Gobierno nacional decidió recurrir el fallo judicial que ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional el decreto mediante el cual el Poder Ejecutivo había condicionado su implementación. La Casa Rosada prepara la estrategia para continuar la disputa en los tribunales y evitar, al menos por ahora, la ejecución de las partidas previstas por la norma.

La resolución había sido dictada por el juez federal Martín Cormick, quien consideró que el Gobierno no podía supeditar la aplicación de una ley aprobada por el Congreso a una decisión posterior sobre las fuentes de financiamiento. Según el magistrado, esa condición funcionaba en los hechos como un nuevo veto a una legislación que ya había sido ratificada por Diputados y el Senado.

A partir de ese fallo, el Ejecutivo quedó obligado a avanzar con las medidas administrativas necesarias para poner en marcha la normativa y cumplir con los aumentos contemplados para el sistema universitario.

La causa se inició a partir de presentaciones realizadas por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires, que reclamaron por la suspensión de los fondos destinados a salarios, becas, investigación, funcionamiento y hospitales universitarios.

Sin embargo, el Gobierno sostiene que la aplicación de la ley implicaría un desembolso superior al billón de pesos y que el Congreso debe establecer de dónde saldrán esos recursos. El argumento oficial está vinculado directamente con la discusión del Presupuesto 2027, que ya fue enviado al Parlamento y todavía debe ser debatido.

Desde el Ejecutivo consideran que avanzar con el financiamiento sin una partida específica podría afectar el equilibrio fiscal. La Justicia, en cambio, entendió que existen mecanismos para afrontar las obligaciones, entre ellos reasignaciones presupuestarias y el uso de mayores ingresos provenientes de la recaudación.

La Procuración del Tesoro, encabezada por Sebastián Amerio, trabaja en la apelación y analiza otras alternativas legales vinculadas con el impacto presupuestario del fallo. La intención oficial es mantener abierta la discusión judicial mientras se define el tratamiento del Presupuesto en el Congreso.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, también ratificó que la respuesta del Gobierno será judicial. En su entorno descartaron, por el momento, abrir una instancia de negociación con las universidades para acordar la implementación de la ley.

El conflicto suma presión sobre una relación que ya venía marcada por reclamos y movilizaciones del sector universitario. Las universidades, en tanto, anticiparon que continuarán defendiendo la aplicación de la normativa y esperan que la Justicia mantenga el criterio establecido en el fallo.

La disputa ahora tendrá dos escenarios simultáneos: los tribunales, donde el Gobierno buscará revertir la decisión de Cormick, y el Congreso, donde comenzará a discutirse el Presupuesto 2027. El financiamiento de las universidades queda así incorporado a una agenda legislativa que promete concentrar buena parte de las tensiones entre el oficialismo y la oposición.

El Gobierno llevará a la Justicia la pelea por el financiamiento universitario.

El Ejecutivo decidió apelar el fallo que ordenó poner en vigencia la Ley de Financiamiento Universitario y cuestionó que la norma pueda aplicarse sin una definición sobre los recursos necesarios para sostenerla. La disputa se da en plena discusión del Presupuesto 2027.