La Corte Suprema vuelve a debatir la Ley de Tierras y podría restablecer límites a la compra de campos por extranjeros.
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10/9/2026
La Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó a un acuerdo extraordinario para este viernes a las 9, con el objetivo de avanzar en una nueva definición judicial sobre la Ley de Tierras Rurales. La resolución que adopte podría modificar el escenario actual y restablecer, de manera provisoria, los límites a la adquisición de terrenos rurales por parte de ciudadanos extranjeros.
El expediente que analizarán los magistrados surgió de una presentación realizada por la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fvta Anecon, y la legisladora de Río Negro Magdalena Odarda. Los demandantes solicitaron que se aclare el alcance de un fallo anterior de la Corte y reclamaron que su acción colectiva sea considerada de manera independiente.
La controversia se originó a partir del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, mediante el cual el Poder Ejecutivo derogó la Ley 26.737, que establecía restricciones a la propiedad de tierras rurales en manos extranjeras. Entre sus principales disposiciones, la normativa fijaba un límite del 15% para la participación extranjera en la titularidad de tierras rurales.
La nueva intervención del máximo tribunal se produce después de que la semana pasada revocara una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo del decreto. En aquella oportunidad, los jueces entendieron que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), que había impulsado el reclamo, no contaba con legitimación suficiente para promover esa acción judicial.
La decisión generó cuestionamientos políticos y abrió la posibilidad de que sectores de la oposición impulsen en el Congreso el rechazo del DNU en su totalidad.
Una definición con posibles consecuencias sobre la propiedad rural
Para tratar el nuevo expediente, la Corte convocó a los camaristas Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci como conjueces, debido a que los tres integrantes titulares del tribunal no habrían alcanzado un acuerdo sobre cómo resolver el caso.
Además, se redujo de 72 a 24 horas el plazo habitual para que las partes pudieran cuestionar la integración de los conjueces, una medida que aceleró los tiempos procesales y permitió fijar la reunión extraordinaria.
Uno de los puntos centrales será determinar si corresponde dar un tratamiento autónomo al reclamo presentado por la organización ambientalista, las comunidades indígenas y Odarda. Los demandantes sostienen que su planteo no se basa en los mismos argumentos que el del CECIM, sino en la protección ambiental y en los derechos territoriales de los pueblos originarios.
El tribunal deberá definir qué trámite corresponde darle al expediente y si resulta procedente analizar directamente el pedido cautelar. Esta última alternativa permitiría disponer una medida provisoria sobre la vigencia de las restricciones, aunque implicaría una intervención excepcional de la Corte.
La resolución es seguida de cerca tanto por el Gobierno como por la oposición, ya que una eventual restitución de los límites podría modificar los efectos prácticos de la derogación de la Ley de Tierras. Sin embargo, el alcance definitivo del régimen legal todavía depende de las decisiones judiciales que se adopten en torno a su constitucionalidad.
La Corte Suprema vuelve a debatir la Ley de Tierras y podría restablecer límites a la compra de campos por extranjeros.
El máximo tribunal se reunirá este viernes en una sesión extraordinaria para analizar un pedido de medida cautelar que podría volver a poner en vigencia las restricciones derogadas por el DNU 70/2023 del gobierno de Javier Milei.