El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el Gobierno nacional, recibió media sanción en la Cámara de Diputados y propone modificar los procedimientos de desalojo de viviendas y propiedades rurales. La iniciativa apunta a reducir los tiempos de los litigios y facilitar la recuperación de los inmuebles cuando existe un incumplimiento contractual o una ocupación que obliga a restituirlos.

Uno de los principales cambios es que los juicios de desalojo deberán tramitarse mediante un procedimiento sumarísimo, una modalidad judicial más abreviada que la ordinaria. Además, el proyecto amplía las posibilidades de iniciar una demanda a quienes acrediten un derecho o interés legítimo afectado, y no únicamente a los propietarios.

En los casos de alquileres destinados a vivienda, cuando exista una deuda, el dueño deberá intimar formalmente al inquilino para que regularice su situación y otorgarle un plazo mínimo de diez días corridos desde la recepción de la notificación. La comunicación tendrá que especificar el monto reclamado y el lugar de pago.

Si el plazo vence sin que se resuelva la deuda, el propietario podrá iniciar el juicio correspondiente. Sin embargo, esto no significa que el inquilino pueda ser expulsado automáticamente de la vivienda al cumplirse los diez días: la restitución deberá ajustarse al procedimiento judicial previsto.

La propuesta también contempla que, en determinadas circunstancias, el juez pueda ordenar la entrega anticipada del inmueble mientras se desarrolla el proceso. Para los casos de ocupación precaria, intrusión u otras situaciones en las que exista obligación de devolver la propiedad, la medida podrá disponerse si el derecho invocado resulta verosímil y se cumplen los requisitos establecidos.

Otro aspecto de la reforma está relacionado con la devolución de las llaves. El propietario no podrá negarse a recibirlas ni condicionar su entrega, aunque podrá reservarse el reclamo por obligaciones pendientes. Si el dueño se niega a recibirlas o guarda silencio ante el requerimiento del inquilino, este podrá realizar una consignación judicial.

El proyecto también establece consecuencias para quienes soliciten una desocupación inmediata ocultando información relevante, como la existencia de un contrato de alquiler o el pago de las mensualidades. En esos casos, el juez podrá imponer una multa de hasta diez veces el último alquiler a favor de la contraparte.

La iniciativa incorpora, además, medidas específicas para proteger a personas en situación de vulnerabilidad. Si en el inmueble viven menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, el magistrado deberá dar intervención a los organismos de protección correspondientes y al Ministerio Público Tutelar antes de ejecutar el desalojo. También tendrá que establecer un plazo prudencial para procurar una alternativa habitacional transitoria, que no podrá superar los diez días.

En cuanto a las notificaciones, el texto permite que la demanda se comunique en el inmueble que se pretende recuperar o mediante un domicilio electrónico constituido, según las circunstancias del caso. Los notificadores podrán identificar a las personas que ocupan la propiedad y solicitar asistencia de la fuerza pública cuando resulte necesario para cumplir con su tarea.

La reforma no se limita a los desalojos, sino que forma parte de un proyecto más amplio que incluye modificaciones en materia de expropiaciones y propiedad rural, entre otros aspectos.

Tras la aprobación en Diputados, el texto deberá regresar al Senado porque se introdujeron cambios respecto de la versión que había recibido media sanción en agosto. La Cámara alta tendrá que decidir si acepta las modificaciones o insiste con el proyecto original.

Hasta que se complete el trámite legislativo y la norma entre en vigencia, los cambios propuestos no se aplican como una nueva ley. El debate continuará centrado en cómo agilizar la recuperación de inmuebles sin dejar de garantizar el derecho de defensa de los inquilinos y de las demás personas alcanzadas por los procedimientos.

Desalojo exprés: qué cambios propone el proyecto para propietarios e inquilinos.

La Cámara de Diputados aprobó una iniciativa que busca acelerar los procesos judiciales para recuperar inmuebles ante incumplimientos u ocupaciones. El texto establece un plazo mínimo de diez días para intimar al inquilino por falta de pago, habilita entregas anticipadas bajo determinadas condiciones y contempla medidas de protección para personas vulnerables. Ahora deberá volver al Senado para su tratamiento definitivo.