Universidades rechazan condicionar una mejora presupuestaria al retiro de una demanda judicial.
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PRINCIPALPOLÍTICA
6/4/2026
Las negociaciones entre el Gobierno nacional y las universidades públicas atraviesan un momento de tensión luego de que el Ejecutivo pusiera sobre la mesa una propuesta de recomposición salarial y presupuestaria condicionada al abandono de la demanda judicial que impulsa el sistema universitario para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La oferta oficial contempla una recomposición cercana al 24%, distribuida en un incremento del 21,3% a partir de junio y otro 3% en octubre. Además, incluye una actualización de fondos para gastos de funcionamiento, un aumento para las becas Manuel Belgrano y recursos destinados a hospitales universitarios.
Sin embargo, el principal punto de conflicto no pasa por los montos ofrecidos sino por la exigencia del Gobierno de que las universidades desistan de la acción judicial que actualmente se encuentra a la espera de una definición de la Corte Suprema. A través de esa presentación, los rectores buscan que el Estado cumpla con los mecanismos de actualización presupuestaria establecidos por la legislación vigente.
Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sostienen que la discusión salarial y presupuestaria no puede reemplazar el reclamo por la aplicación de una ley ya aprobada por el Congreso. En ese marco, las autoridades universitarias ratificaron su decisión de mantener la vía judicial mientras continúan las conversaciones con funcionarios nacionales.
La disputa se desarrolla en un contexto de reclamos por la pérdida del poder adquisitivo de docentes y no docentes, el deterioro de los presupuestos de funcionamiento y la incertidumbre sobre el financiamiento futuro de las casas de estudio. Los gremios universitarios, por su parte, mantienen medidas de protesta y advierten que seguirán reclamando una solución integral al conflicto.
Mientras las partes intentan acercar posiciones, el desenlace también depende de la resolución que adopte la Corte Suprema sobre la demanda presentada por las universidades, una decisión que podría tener un fuerte impacto fiscal para el Estado nacional.
Universidades rechazan condicionar una mejora presupuestaria al retiro de una demanda judicial.
La propuesta incluye aumentos salariales, más fondos para funcionamiento y becas. Los rectores rechazan abandonar la vía judicial que exige el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.